Privatizaciones para combatir una crisis política y social

Brasil es el quinto país más grande del mundo, por detrás de Rusia, Canadá, China y Estados Unidos. Su población, más de 200 millones de personas, se concentra mayoritariamente en la costa atlántica, hasta 40 millones se ubican en el estado de Sao Paulo, de los que la mitad vive en su capital homónima. A continuación, destacan las ciudades de Río de Janeiro, Salvador de la Bahía, Brasilia y Fortaleza.

La tasa de paro del país supera el 12% y afecta a 13 millones de personas. Además, a pesar de las políticas redistributivas de la riqueza y de inclusión social de los últimos años, que permitieron sacar de la pobreza a casi 30 millones de personas, aún existe una profunda desigualdad en el reparto de ingresos. Según un informe de Oxfam de 2017, aun brasileño que recibe el salario mínimo (unos 300 dólares al mes) tendría que trabajar cuatro años para ganar lo mismo que gana el 1% más pudiente en un solo mes.

El clima político en Brasil está agitado desde hace años, tras el procesamiento a Lula Silva, el impeachement a Dilma Rousseff y todos los escándalos derivados del caso Odebrecht, un entramado de corrupción de dimensiones gigantescas que ha afectado a varios países de América Latina. Asímismo, el Mundial de fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016 ofrecieron en general una imagen negativa del país, con infraestructuras deficientes, problemas logísticos y descontento social.

Desde entonces, Brasil trata de superar una de las crisis económicas y sociales más difíciles de las últimas décadas. La llegada al poder de Jair Bolsonaro, con un discurso conservado r en los social y liberal en lo económico, ha sido recibida con cierta inquietud, a pesar del ambicioso programa económico del presidente, con un plan de inversión de infraestructuras de 1.700 millones de dólares. El Gobierno también prepara un plan de liberaciones para varios sectores, entre los que destacan el petrolífero, los aeropuertos, el ferrocarril, la transmisión de energía, las explotaciones mineras o los puertos.

Con todo, Brasil continúa siendo un país interesante para la inversión, dadas sus carencias en infraestructuras, sus reservas de materias primas, una mano de obra en todos los niveles educativos y el tamaño de su mercado.

Las inversiones extranjeras pueden efectuarse libremente, por medio de filiales o de empresas conjuntas, es decir, sin la obligación de tener un socio local. Las operaciones no requieren autorización previa del Gobierno, aunque sí su registro en el banco Central. En general, existe igualdad de condiciones en las empresas extranjeras y las nacionales. Asimismo, hay libertad de repatriación de capitales y de envío de remesas y dividendos al exterior.